El 15 de octubre del 2020, el pueblo maya tseltal de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Por la mañana, alrededor de 300 elementos de la Policía Municipal, del estado de Chiapas y de la Guardia Nacional reprimieron la protesta pacífica privando arbitrariamente de la libertad a los defensores comunitarios tseltales: César y José Luis, seguido de tortura y malos tratos; 11 personas más resultaron heridas.
Desde entonces los defensores se encontraban vinculados a proceso por el delito de motín y en libertad bajo proceso, esto les impedía salir y realizar actividades más allá del municipio de Ocosingo.
El pasado 24 de abril inició el juicio oral de Cesar y José Luis donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas visibilizó la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020
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El 03 de mayo el Juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres del Distrito Judicial de Ocosingo, dictó sentencia que condena a 2 años de prisión a los defensores del territorio tseltal.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hacen un llamado al Gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos, de la vida y el territorio
Las organizaciones ven con preocupación la respuesta del Estado ante el ejercicio del derecho a la protesta, resaltan que la criminalización de la defensa de la tierra y el territorio no es aislada en Chiapas y que atenta contra los derechos a la autonomía y autodeterminación del pueblo tseltal de Chilón quienes se oponen a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena sin haber sido consultados previamente, estrategia que va enmarcada en la militarización de territorios de los pueblos originarios.
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